
Alcalde de Porvenir se mostró conforme tras fallo de la Corte de Apelaciones por contratación de abogado
Finalmente, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección a favor del abogado Carlos Contreras quien representa a la empresa de asesoría jurídica en contra de la Contraloría Regional, estimándose que lo expuesto por el ente fiscalizador se trató de una cuestión arbitraria y sin fundamento jurídico.
Los tres dictámenes emitidos por la Contraloría Regional quedarían sin efecto luego de la decisión que tomó la Corte de Apelaciones acogiendo un recurso de protección a favor del abogado Carlos Contreras.
Cabe destacar que a través de dichos dictámenes se le había ordenado a la Municipalidad de Porvenir que las funciones realizadas por los Servicios Jurídicos de Carlos Contreras Quintana y Compañía Limitada debían ser desempeñadas por personal municipal y no por terceros.
En este sentido, el alcalde de Porvenir José Gabriel Parada, se pronunció al respecto y fundamentalmente en contra de las declaraciones que el concejal Carlos Soto realizó tanto en ámbitos públicos como privados señalando la existencia de irregularidades y que el contrato no cumplía con los estándares de probidad.
“El concejal Soto realizó aseveraciones que no se ajustaban a la realidad, dejando entrever su desconocimiento de la función municipal y pública. En tal sentido, trató de hacer un circo con esta situación dañando mi imagen como alcalde y la de la empresa de asesorías jurídicas. Entonces, le pregunto a Soto, ¿fue ignorancia o mala fe? Porque la Corte de Apelaciones echó por tierra todo lo que usted ha pregonado en los últimos tiempos. Aquí el contrato fue bien hecho, no hubo ninguna situación anómala”, manifestó el jefe comunal.
Vale la pena señalar que entre los argumentos que se plantearon en el informe de Contraloría se encontraba la disposición que obliga a los alcaldes a contratar un profesional bajo la modalidad de concurso o a contrata, interviniendo directamente su autonomía para la administración de recursos, transgrediendo un derecho de la administración municipal.
Por su parte, Parada explicó que “en la construcción de la planta durante 2017-2018, la municipalidad no dejó consignada la asesoría jurídica ni tampoco un abogado, por lo cual no era posible llamar a concurso. El contrato que tuvimos estos últimos dos años nos daba la seguridad no solo en los trámites jurídicos y administrativos, sino también en los litigios”. Sin embargo, producto de esta observación de la Contraloría se tuvo que contratar asesorías jurídicas y servicios de litigios por separado, lo que significó un aumento en los costos.
De esta manera, a partir de este mes se deberá pagar un sobreprecio por todo lo que significa la asesoría jurídica, que hasta diciembre de 2023 costaba unos 5 millones y que incluía tres abogados y una secretaria. “En este contexto, a partir del reclamo del concejal Soto, para hacer los trámites administrativos/jurídicos necesitamos un abogado, pero para poder litigar necesitamos contratar a otra empresa –que, además, tenga experiencia-, lo que generará costos adicionales que se pudieron haber evitado si en enero el Concejo Municipal no hubiese rechazado la contratación de la asesoría jurídica. El concejal Soto fue el principal responsable de trabar todo este proceso a costa de un mayor gasto de recursos municipales que debieron haberse utilizado en otro tipo de gestión o beneficio para la comunidad”, afirmó el alcalde de Porvenir.

Comunales
Polémica en Porvenir: impugnan elección de concejala Marisol Andrade como presidenta del Centro Social Hijos de Chiloé

Porvenir.– La reciente elección de la concejala y ex alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas, como presidenta del Centro Social Hijos de Chiloé ha sido objeto de impugnación por parte de dos de los candidatos que participaron en el proceso.
La elección, realizada en una asamblea convocada por el dirigente saliente Renato Andrade Márquez, fue cuestionada principalmente por Marco Aguilar Águila. Este sostuvo que varios de los participantes residen fuera de la región de Magallanes y que, por ende, no cumplen con los requisitos de participación activa en la agrupación, que según él, debería limitar su membresía a quienes contribuyen regularmente a las tareas del centro.
Ante las dudas sobre su idoneidad para asumir la presidencia de la agrupación, Marisol Andrade indicó que consultó con un abogado, quien le explicó que, según la legislación vigente, los concejales no pueden integrar directivas de organizaciones territoriales —como juntas de vecinos— debido a posibles conflictos de interés. No obstante, el abogado habría aclarado que el Centro Social Hijos de Chiloé no se clasifica como tal, ya que no es una organización territorial ni recibe fondos municipales, por lo que no existiría impedimento legal para su participación en el directorio.
Actualmente, la impugnación se encuentra en análisis por parte del Tribunal Electoral, que deberá evaluar la validez del proceso y si la elección de Andrade cumple con la normativa aplicable, así como con los estatutos internos de la organización.
Fuente: LPA
¿Puede un concejal presidir una institución social?
Expertos señalan que la participación de concejales en directivas de instituciones sociales depende de varios factores:
Leyes locales: Algunos cuerpos normativos prohíben que funcionarios electos ocupen cargos en instituciones públicas o privadas si se configura un conflicto de interés.
Naturaleza de la institución: Si la entidad está relacionada con la administración municipal, puede haber incompatibilidades o inhabilidades.
Estatutos internos: Cada institución puede establecer requisitos propios sobre quién puede formar parte de su directiva.
¿Recibe el centro social hijos de chiloe, beneficios municipales?
La revisión legal y estatutaria resulta clave en estos casos para evitar cuestionamientos éticos o legales.
Comunales
En tragedia que afectó a planta de Porvenir: Fiscalía investiga posible falla en protocolos de seguridad

Porvenir, Tierra del Fuego – La Fiscalía de Tierra del Fuego se encuentra investigando las causas del trágico accidente ocurrido el pasado sábado 5 de abril en la planta procesadora de algas Magelan, ubicada en la ciudad de Porvenir, el cual dejó como saldo dos trabajadores fallecidos y otros dos con lesiones de gravedad.
La fiscal jefe Johanna Irribarra confirmó que se busca determinar si hubo vulneración a los protocolos de seguridad por parte de la empresa o de funcionarios encargados de velar por la integridad del personal. “Estamos investigando para establecer si existe la comisión de algún ilícito en el fallecimiento de estas dos personas”, señaló la fiscal, quien también informó que un tercer trabajador sigue grave y un cuarto ha recobrado la conciencia.
Aún no se conocen las causas exactas del accidente, ya que se espera el resultado de las autopsias de las víctimas y los informes del Servicio Médico Legal de los sobrevivientes. La Brigada de Homicidios trabaja en conjunto con la fiscalía para esclarecer los hechos.
El incidente se produjo al interior de la planta, mientras los trabajadores realizaban labores rutinarias de limpieza de una piscina de decantación de algas. Según informó Hans Carlos Muñoz, vocero de la empresa, esta actividad se realiza cada fin de semana y consiste en abrir una válvula para drenar el agua. Sin embargo, se presume que la válvula habría estado obstruida, posiblemente por algún elemento extraño.
Uno de los trabajadores, Adolfo Enrique Flores Sepúlveda, de 59 años, habría ingresado a la piscina para liberar la válvula, lo que habría provocado una emanación de gas con alta concentración de ácido sulfhídrico, una sustancia altamente tóxica producto de la descomposición de materia orgánica. Los otros tres operarios intentaron socorrerlo, pero también resultaron afectados.
Las víctimas fatales fueron Adolfo Flores y Zulma Nayive Valencia, ciudadana colombiana de 28 años y madre de tres hijos. Los sobrevivientes, Boris Segura Salamanca y Alex Soto Segura, fueron trasladados al hospital con diagnóstico reservado.
La investigación continúa en curso para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia o fallas en las medidas de seguridad de la empresa.
Fuente: LPA
Comunales
Unidad de Diálisis en Porvenir: Avances Técnicos y Frustración Ciudadana Marcan el Rumbo del Proyecto

Porvenir, Tierra del Fuego – El anhelado proyecto de construcción de una Unidad de Diálisis en el Hospital de Porvenir sigue generando expectativas y tensiones en la comunidad fueguina. Mientras autoridades del Servicio de Salud de Magallanes informan avances técnicos en el diseño y planificación del centro, la falta de financiamiento asignado y de una fecha concreta para el inicio de obras mantiene a los pacientes renales en una situación de incertidumbre.
La directora del Servicio de Salud, Verónica Yañez, presentó recientemente al Concejo Municipal de Porvenir los progresos del proyecto, que contempla una inversión total superior a $5.200 millones, sumando diseño, construcción y costos operativos. La unidad contará con seis sillones de atención simultánea y una superficie útil de 344 m², y estará adosada al hospital local. Según lo expuesto, ya se aprobó una parte del proyecto vinculada a Tecnologías de la Información (TIC) y se espera que el Ministerio de Salud emita su revisión final entre mayo y junio de 2025, lo que permitiría avanzar a la etapa de licitación.
Sin embargo, a pesar de estos avances administrativos, la comunidad manifiesta su preocupación por la ausencia de recursos comprometidos para su ejecución, y porque la obra sigue sin una fecha de inicio confirmada. La ministra de Salud había anunciado públicamente que las obras comenzarían durante este año, pero hasta ahora, esa promesa no se ha concretado.
En este contexto, el diputado Carlos Bianchi criticó duramente al Ejecutivo, acusando al Presidente Gabriel Boric de no cumplir su compromiso con los habitantes de Tierra del Fuego. “Los pacientes renales merecen un acceso digno a su tratamiento, y esta demora es inaceptable”, expresó Bianchi, sumándose a la presión social por respuestas claras.
Mientras tanto, los pacientes siguen trasladándose a Punta Arenas para recibir hemodiálisis, enfrentando desafíos logísticos, altos costos y un impacto emocional considerable.
La comunidad espera que el proyecto pase del papel a la acción, transformándose en una solución concreta a una necesidad médica urgente en una de las zonas más apartadas del país.
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