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El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dio este martes lugar a la suspensión condicional del proceso penal seguido en contra de Nova Austral por el delito de contaminación de aguas, luego de que la salmonera llegara a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Esta causa se enmarca en la querella penal que el mismo CDE presentó en 2020 en contra de cinco exejecutivos de la salmonera por delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, por hechos ocurridos entre 2016 y 2019, cuando la empresa habría reportado información ambiental adulterada, haciendo además uso de la Ley Navarino, que entrega beneficios tributarios a compañías que se instalan en la Región de Magallanes.

La causa sigue en contra del exgerente general de la salmonera, Nicos Nicolaides, y los otros cuatro ejecutivos y, de hecho, la Fiscalía ya habría presentado acusaciones en contra de ellos. El acuerdo del CDE es solo con Nova Austral como compañía, que hoy cuenta con otra administración y está en un proceso de reestructuración de sus deudas y de cambio de controladores.

El acuerdo

La suspensión del proceso penal contempla que Nova Austral -representada por Carey Abogados- disponga de unos $ 7.000 millones que fueron retenidos en la Tesorería General de la República (TGR), destinándolos al pago de ciertos impuestos determinados por el SII. Nova Austral también desistirá de todas “las impugnaciones, reclamos y excepciones deducidas en contra del cobro de deudas tributarias ante organismos públicos y Tribunales de Justicia que a la fecha se encuentren vigentes”, que son al menos cinco casos que se explicitan en el acuerdo. También implica que la firma llegue a un acuerdo con el SII y la TGR en todos los temas tributarios que tiene pendientes.

Además, donará a la Gobernación Regional de Magallanes un terreno en Porvenir que, según fuentes cercanas a la empresa, estaría avaluado en cerca de UF 46.000 (más de $ 1.700 millones) y podría ser utilizado para un proyecto comunitario.

Por otro lado, la salmonera también se obliga a actualizar su Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con las exigencias de la nueva Ley de Delitos Económicos y particularmente en cuanto a los atentados contra el medio ambiente, lo cual deberá ser certificado por un tercero independiente.

Vale decir que, además de no interferir en las acusaciones contra los exejecutivos, el acuerdo tampoco suspende los otros procesos judiciales de la empresa en tribunales civiles y ambientales, sino que solo aplica para la arista penal.

La reorganización

A mediados de enero, siete meses después de que ingresó la solicitud, Nova Austral recién logró que sus acreedores aprobaran la reorganización judicial. El proceso ha estado marcado por una ardua disputa entre los dos grandes acreedores, los bonistas -grupo que incluye a un fondo británico que compró los títulos de Moneda Asset y el family office de los Solari Donaggio- y el banco noruego DNB, además de una crisis social debido a que la compañía es la principal empleadora de la isla de Tierra del Fuego y reveló deudas por US$ 560 millones.

El acuerdo de reorganización implica que el fondo noruego Altor -cuyo representante Tom Christian Jovik hoy enfrenta querellas de parte de Moneda y los Solari- salga de la propiedad de la empresa, cediéndola, justamente, a los acreedores.

La delicada situación de Nova Austral, que hoy tiene al exejecutivo de Cencosud, Nicolás Larco, como gerente general, habría hecho necesario el esfuerzo financiero para lograr el acuerdo de esta semana, pues los temas tributarios estaban resultando como una piedra de tope para concluir la reestructuración con éxito.

Los exejecutivos

La causa penal, en tanto, continuará en contra de Nicolaides y también del exgerente de Producción, Arturo Schofield; del exgerente regional de Magallanes, Drago Covacich; y de los exjefes de área, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson.

En 2020, el CDE acusó que estos ejecutivos abusaron de la Ley Navarino, percibiendo diversos beneficios tributarios que fueron solicitados “de manera fraudulenta”.

Ese año, en su querella, el Consejo acusó que, desde 2016, la compañía obtuvo un beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, no obstante haber incumplido la obligación de hacer un uso racional de los recursos naturales de la región, haber dañado el medio ambiente y proporcionado “información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva”.

DF.

Comunales

Polémica en Porvenir: impugnan elección de concejala Marisol Andrade como presidenta del Centro Social Hijos de Chiloé

 

Porvenir.– La reciente elección de la concejala y ex alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas, como presidenta del Centro Social Hijos de Chiloé ha sido objeto de impugnación por parte de dos de los candidatos que participaron en el proceso.

La elección, realizada en una asamblea convocada por el dirigente saliente Renato Andrade Márquez, fue cuestionada principalmente por Marco Aguilar Águila. Este sostuvo que varios de los participantes residen fuera de la región de Magallanes y que, por ende, no cumplen con los requisitos de participación activa en la agrupación, que según él, debería limitar su membresía a quienes contribuyen regularmente a las tareas del centro.

Ante las dudas sobre su idoneidad para asumir la presidencia de la agrupación, Marisol Andrade indicó que consultó con un abogado, quien le explicó que, según la legislación vigente, los concejales no pueden integrar directivas de organizaciones territoriales —como juntas de vecinos— debido a posibles conflictos de interés. No obstante, el abogado habría aclarado que el Centro Social Hijos de Chiloé no se clasifica como tal, ya que no es una organización territorial ni recibe fondos municipales, por lo que no existiría impedimento legal para su participación en el directorio.

Actualmente, la impugnación se encuentra en análisis por parte del Tribunal Electoral, que deberá evaluar la validez del proceso y si la elección de Andrade cumple con la normativa aplicable, así como con los estatutos internos de la organización.

Fuente: LPA

¿Puede un concejal presidir una institución social?

Expertos señalan que la participación de concejales en directivas de instituciones sociales depende de varios factores:

Leyes locales: Algunos cuerpos normativos prohíben que funcionarios electos ocupen cargos en instituciones públicas o privadas si se configura un conflicto de interés.

Naturaleza de la institución: Si la entidad está relacionada con la administración municipal, puede haber incompatibilidades o inhabilidades.

Estatutos internos: Cada institución puede establecer requisitos propios sobre quién puede formar parte de su directiva.

¿Recibe el centro social hijos de chiloe, beneficios municipales?

La revisión legal y estatutaria resulta clave en estos casos para evitar cuestionamientos éticos o legales.

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Comunales

En tragedia que afectó a planta de Porvenir: Fiscalía investiga posible falla en protocolos de seguridad

 

Porvenir, Tierra del Fuego – La Fiscalía de Tierra del Fuego se encuentra investigando las causas del trágico accidente ocurrido el pasado sábado 5 de abril en la planta procesadora de algas Magelan, ubicada en la ciudad de Porvenir, el cual dejó como saldo dos trabajadores fallecidos y otros dos con lesiones de gravedad.

La fiscal jefe Johanna Irribarra confirmó que se busca determinar si hubo vulneración a los protocolos de seguridad por parte de la empresa o de funcionarios encargados de velar por la integridad del personal. “Estamos investigando para establecer si existe la comisión de algún ilícito en el fallecimiento de estas dos personas”, señaló la fiscal, quien también informó que un tercer trabajador sigue grave y un cuarto ha recobrado la conciencia.

Aún no se conocen las causas exactas del accidente, ya que se espera el resultado de las autopsias de las víctimas y los informes del Servicio Médico Legal de los sobrevivientes. La Brigada de Homicidios trabaja en conjunto con la fiscalía para esclarecer los hechos.

El incidente se produjo al interior de la planta, mientras los trabajadores realizaban labores rutinarias de limpieza de una piscina de decantación de algas. Según informó Hans Carlos Muñoz, vocero de la empresa, esta actividad se realiza cada fin de semana y consiste en abrir una válvula para drenar el agua. Sin embargo, se presume que la válvula habría estado obstruida, posiblemente por algún elemento extraño.

Uno de los trabajadores, Adolfo Enrique Flores Sepúlveda, de 59 años, habría ingresado a la piscina para liberar la válvula, lo que habría provocado una emanación de gas con alta concentración de ácido sulfhídrico, una sustancia altamente tóxica producto de la descomposición de materia orgánica. Los otros tres operarios intentaron socorrerlo, pero también resultaron afectados.

Las víctimas fatales fueron Adolfo Flores y Zulma Nayive Valencia, ciudadana colombiana de 28 años y madre de tres hijos. Los sobrevivientes, Boris Segura Salamanca y Alex Soto Segura, fueron trasladados al hospital con diagnóstico reservado.

La investigación continúa en curso para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia o fallas en las medidas de seguridad de la empresa.

Fuente: LPA

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Comunales

Unidad de Diálisis en Porvenir: Avances Técnicos y Frustración Ciudadana Marcan el Rumbo del Proyecto

 

Porvenir, Tierra del Fuego – El anhelado proyecto de construcción de una Unidad de Diálisis en el Hospital de Porvenir sigue generando expectativas y tensiones en la comunidad fueguina. Mientras autoridades del Servicio de Salud de Magallanes informan avances técnicos en el diseño y planificación del centro, la falta de financiamiento asignado y de una fecha concreta para el inicio de obras mantiene a los pacientes renales en una situación de incertidumbre.

La directora del Servicio de Salud, Verónica Yañez, presentó recientemente al Concejo Municipal de Porvenir los progresos del proyecto, que contempla una inversión total superior a $5.200 millones, sumando diseño, construcción y costos operativos. La unidad contará con seis sillones de atención simultánea y una superficie útil de 344 m², y estará adosada al hospital local. Según lo expuesto, ya se aprobó una parte del proyecto vinculada a Tecnologías de la Información (TIC) y se espera que el Ministerio de Salud emita su revisión final entre mayo y junio de 2025, lo que permitiría avanzar a la etapa de licitación.

Sin embargo, a pesar de estos avances administrativos, la comunidad manifiesta su preocupación por la ausencia de recursos comprometidos para su ejecución, y porque la obra sigue sin una fecha de inicio confirmada. La ministra de Salud había anunciado públicamente que las obras comenzarían durante este año, pero hasta ahora, esa promesa no se ha concretado.

En este contexto, el diputado Carlos Bianchi criticó duramente al Ejecutivo, acusando al Presidente Gabriel Boric de no cumplir su compromiso con los habitantes de Tierra del Fuego. “Los pacientes renales merecen un acceso digno a su tratamiento, y esta demora es inaceptable”, expresó Bianchi, sumándose a la presión social por respuestas claras.

Mientras tanto, los pacientes siguen trasladándose a Punta Arenas para recibir hemodiálisis, enfrentando desafíos logísticos, altos costos y un impacto emocional considerable.

La comunidad espera que el proyecto pase del papel a la acción, transformándose en una solución concreta a una necesidad médica urgente en una de las zonas más apartadas del país.

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