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En su presentación, la compañía asesorada por Carey, detalló los motivos que la llevaron a su reorganización: el “endurecimiento del estándar fiscalizador”; la falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la compañía”; la “invalidación de autorizaciones para relocalizar centro de cultivo” y la “emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile”.

Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir en la Región de Magallanes, Nova Austral solicitó su reorganización para reestructurar su pasivos, asegurar la continuidad operacional de la compañía y el servicio de su deuda financiera.

En su presentación, la compañía asesorada por Carey, sostuvo que es “líder en la producción y el procesamiento de salmón de alta calidad dentro de la industria salmonera chilena, que opera en la región de Magallanes y la Antártica Chilena desde hace más de 15 años”.

Sin embargo, a pesar de su relevancia en la zona austral del país, el desempeño de la compañía se ha visto afectado por una serie de factores y situaciones excepcionales que, en los hechos, le han impedido el normal desarrollo de su giro como también el cumplimiento de sus proyecciones y compromisos con sus acreedores.

En el escrito, la compañía de capitales noruegos detalló que sus pasivos suman US$559millones ($449.636 millones). Los tres mayores acreedores son: Nordic Trustee (US$415 millones); DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones).

Los acreedores financieros representan el 89% de la deuda y los proveedores nacionales con 10%, luego siguen proveedores extranjeros con 0,09%.

Al mismo tiempo, detalló los motivos que la llevaron a su reorganización: El “endurecimiento del estándar fiscalizador”; la falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la compañía”; la “invalidación de autorizaciones para relocalizar centro de cultivo” y la “emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile”.

En el documento al que tuvo acceso Pulso, Nova Austral sostuvo que “la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”) aplicó sanciones a Nova Austral sin precedentes en la historia de la industria. En efecto, la SMA revocó permisos ambientales de centros de engorda salmónidos de Nova Austral muy relevantes para su operación, mientras que Sernapesca aplicó duras sanciones que limitaron las cosechas de otros de sus centros. Se suma a lo anterior, la retención por parte de la justicia de recursos por gratificaciones correspondientes a la Ley Navarino, que superan los $7 mil millones de pesos. Todo lo anterior ha significado una disminución de la producción de la compañía a un tercio respecto de lo que era hace unos pocos años, lo que evidentemente ha afectado el flujo de la compañía y ha dañado su capacidad para cumplir los compromisos con sus acreedores”.

En esa línea, agregó que “las duras sanciones aplicadas por la autoridad no han tomado en consideración las acciones proactivas de Nova Austral para asegurar una operación respetuosa con el entorno, la regulación y el medioambiente. Desde hace cuatro años que Nova Austral cuenta con una administración totalmente renovada, que se ha preocupado de corregir procesos y reforzar controles internos para elevar al máximo sus estándares éticos y de cumplimiento, con acciones que incluyen la creación de una gerencia de compliance normativo como también la implementación de un canal de denuncias gestionado por una entidad independiente. Estos, y otros importantes esfuerzos operativos, le han permitido a Nova Austral recuperar las certificaciones acuícolas más exigentes de la industria (BAP y ASC), que se otorgan con auditorías externas, y que garantizan una producción de salmones con los mayores estándares medioambientales y de sostenibilidad”.

Permisos ambientales

Igualmente detalló que “en el último tiempo, por medio de procedimientos judiciales, se dejaron sin efecto una serie de Resoluciones de Calificación Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de las cuales se habían aprobado proyectos que buscaban relocalizar centros de cultivo de Nova Austral. Lo anterior afectó seriamente la producción de la compañía, pues para poder relocalizar parte de sus concesiones actuales deberán gestionarse nuevamente los trámites necesarios desde cero, con las implicancias de tiempo, costo e incertidumbre que ello genera”.

“La emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile y en el mundo, así como factores económicos internos y externos, han influido de modo tal que se ha provocado un aumento generalizado de los insumos, incremento de costos, fletes, mano de obra, así como también han implicado, lamentablemente, el cierre de algunos mercados relevantes para la compañía”, concluyó.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es “seguir operando, y evitar que se vean afectadas miles de familias de la región que dependen de la compañía para su sustento, los accionistas han hecho un gran esfuerzo evaluando opciones, buscando alternativas de financiamiento y proponiendo acuerdos a sus distintos acreedores con el objetivo de superar la complicación momentánea por la que pasa Nova Austral. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible encausar las diversas posiciones e intereses en juego para lograr un acuerdo global que permita reestructurar las deudas netamente financieras y asegurar la continuidad operacional de la compañía”.

Fuente: La Tercera ( El Pulso).

Comunales

Polémica en Porvenir: impugnan elección de concejala Marisol Andrade como presidenta del Centro Social Hijos de Chiloé

 

Porvenir.– La reciente elección de la concejala y ex alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas, como presidenta del Centro Social Hijos de Chiloé ha sido objeto de impugnación por parte de dos de los candidatos que participaron en el proceso.

La elección, realizada en una asamblea convocada por el dirigente saliente Renato Andrade Márquez, fue cuestionada principalmente por Marco Aguilar Águila. Este sostuvo que varios de los participantes residen fuera de la región de Magallanes y que, por ende, no cumplen con los requisitos de participación activa en la agrupación, que según él, debería limitar su membresía a quienes contribuyen regularmente a las tareas del centro.

Ante las dudas sobre su idoneidad para asumir la presidencia de la agrupación, Marisol Andrade indicó que consultó con un abogado, quien le explicó que, según la legislación vigente, los concejales no pueden integrar directivas de organizaciones territoriales —como juntas de vecinos— debido a posibles conflictos de interés. No obstante, el abogado habría aclarado que el Centro Social Hijos de Chiloé no se clasifica como tal, ya que no es una organización territorial ni recibe fondos municipales, por lo que no existiría impedimento legal para su participación en el directorio.

Actualmente, la impugnación se encuentra en análisis por parte del Tribunal Electoral, que deberá evaluar la validez del proceso y si la elección de Andrade cumple con la normativa aplicable, así como con los estatutos internos de la organización.

Fuente: LPA

¿Puede un concejal presidir una institución social?

Expertos señalan que la participación de concejales en directivas de instituciones sociales depende de varios factores:

Leyes locales: Algunos cuerpos normativos prohíben que funcionarios electos ocupen cargos en instituciones públicas o privadas si se configura un conflicto de interés.

Naturaleza de la institución: Si la entidad está relacionada con la administración municipal, puede haber incompatibilidades o inhabilidades.

Estatutos internos: Cada institución puede establecer requisitos propios sobre quién puede formar parte de su directiva.

¿Recibe el centro social hijos de chiloe, beneficios municipales?

La revisión legal y estatutaria resulta clave en estos casos para evitar cuestionamientos éticos o legales.

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Comunales

En tragedia que afectó a planta de Porvenir: Fiscalía investiga posible falla en protocolos de seguridad

 

Porvenir, Tierra del Fuego – La Fiscalía de Tierra del Fuego se encuentra investigando las causas del trágico accidente ocurrido el pasado sábado 5 de abril en la planta procesadora de algas Magelan, ubicada en la ciudad de Porvenir, el cual dejó como saldo dos trabajadores fallecidos y otros dos con lesiones de gravedad.

La fiscal jefe Johanna Irribarra confirmó que se busca determinar si hubo vulneración a los protocolos de seguridad por parte de la empresa o de funcionarios encargados de velar por la integridad del personal. “Estamos investigando para establecer si existe la comisión de algún ilícito en el fallecimiento de estas dos personas”, señaló la fiscal, quien también informó que un tercer trabajador sigue grave y un cuarto ha recobrado la conciencia.

Aún no se conocen las causas exactas del accidente, ya que se espera el resultado de las autopsias de las víctimas y los informes del Servicio Médico Legal de los sobrevivientes. La Brigada de Homicidios trabaja en conjunto con la fiscalía para esclarecer los hechos.

El incidente se produjo al interior de la planta, mientras los trabajadores realizaban labores rutinarias de limpieza de una piscina de decantación de algas. Según informó Hans Carlos Muñoz, vocero de la empresa, esta actividad se realiza cada fin de semana y consiste en abrir una válvula para drenar el agua. Sin embargo, se presume que la válvula habría estado obstruida, posiblemente por algún elemento extraño.

Uno de los trabajadores, Adolfo Enrique Flores Sepúlveda, de 59 años, habría ingresado a la piscina para liberar la válvula, lo que habría provocado una emanación de gas con alta concentración de ácido sulfhídrico, una sustancia altamente tóxica producto de la descomposición de materia orgánica. Los otros tres operarios intentaron socorrerlo, pero también resultaron afectados.

Las víctimas fatales fueron Adolfo Flores y Zulma Nayive Valencia, ciudadana colombiana de 28 años y madre de tres hijos. Los sobrevivientes, Boris Segura Salamanca y Alex Soto Segura, fueron trasladados al hospital con diagnóstico reservado.

La investigación continúa en curso para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia o fallas en las medidas de seguridad de la empresa.

Fuente: LPA

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Comunales

Unidad de Diálisis en Porvenir: Avances Técnicos y Frustración Ciudadana Marcan el Rumbo del Proyecto

 

Porvenir, Tierra del Fuego – El anhelado proyecto de construcción de una Unidad de Diálisis en el Hospital de Porvenir sigue generando expectativas y tensiones en la comunidad fueguina. Mientras autoridades del Servicio de Salud de Magallanes informan avances técnicos en el diseño y planificación del centro, la falta de financiamiento asignado y de una fecha concreta para el inicio de obras mantiene a los pacientes renales en una situación de incertidumbre.

La directora del Servicio de Salud, Verónica Yañez, presentó recientemente al Concejo Municipal de Porvenir los progresos del proyecto, que contempla una inversión total superior a $5.200 millones, sumando diseño, construcción y costos operativos. La unidad contará con seis sillones de atención simultánea y una superficie útil de 344 m², y estará adosada al hospital local. Según lo expuesto, ya se aprobó una parte del proyecto vinculada a Tecnologías de la Información (TIC) y se espera que el Ministerio de Salud emita su revisión final entre mayo y junio de 2025, lo que permitiría avanzar a la etapa de licitación.

Sin embargo, a pesar de estos avances administrativos, la comunidad manifiesta su preocupación por la ausencia de recursos comprometidos para su ejecución, y porque la obra sigue sin una fecha de inicio confirmada. La ministra de Salud había anunciado públicamente que las obras comenzarían durante este año, pero hasta ahora, esa promesa no se ha concretado.

En este contexto, el diputado Carlos Bianchi criticó duramente al Ejecutivo, acusando al Presidente Gabriel Boric de no cumplir su compromiso con los habitantes de Tierra del Fuego. “Los pacientes renales merecen un acceso digno a su tratamiento, y esta demora es inaceptable”, expresó Bianchi, sumándose a la presión social por respuestas claras.

Mientras tanto, los pacientes siguen trasladándose a Punta Arenas para recibir hemodiálisis, enfrentando desafíos logísticos, altos costos y un impacto emocional considerable.

La comunidad espera que el proyecto pase del papel a la acción, transformándose en una solución concreta a una necesidad médica urgente en una de las zonas más apartadas del país.

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